ANJ advierte a operadores y renueva con IGT

ANJ advierte a operadores y renueva con IGT

Internacional, Legislación
L’Autorité Nationale des Jeux (ANJ) de Francia firma por 7 años con IGT la Lotería de Francia y advierte a sus operadores con licencia sobre quejas por no aceptar apuestas.

IGT será el responsable del funcionamiento de la Lotería Nacional de Francia, tras el acuerdo alcanzado con L’Autorité Nationale des Jeux que entrará en vigor a partir del primer trimestre de 2023. La reciente firma entre regulador y desarrollador es en realidad una prolongación de su acuerdo de más de dos décadas, con la novedad de que el sistema se actualizará a la plataforma Aurora de IGT.

¿Tienen que aceptar los operadores con licencia TODAS las apuestas deportivas?

La noticia se produce una semana después de que el regulador nacional del juego en Francia lanzase a finales de octubre de 2021 una advertencia recientemente a sus operadores con licencia, debido a las quejas presentadas por varios jugadores con motivo de la no aceptación de sus apuestas.

Basándose en la normativa vigente en el Código de Consumo, la autoridad reguladora del juego en Francia ha dejado claro a los operadores que no pueden rechazar las apuestas propuestas por sus jugadores (Art. L. 121-11), a menos que exista una causa legítima como que quien hace la apuesta sea:

  1. Un menor
  2. Una persona dada de alta en régimen de autoexclusión
  3. Un jugador en riesgo que tenga un comportamiento problemático demostrable con indicios como su número de apuestas o las cantidades apostadas.

La base estaría en que en realidad las empresas francesas no pueden negarse a prestar un servicio a los consumidores a menos que algo lo justifique, razón por la cual los operadores franceses podrían tener que afrontar multas de 1.500€ por rechazar apuestas, cifra que ascendería a 3.000 si la infracción se repite.

La situación se agravaría además si la negativa a aceptar determinadas apuestas pudiera ser considerada como una táctica de márquetin engañosa (Art. L. 121-12). Entonces entrarían en juego sanciones de hasta 300.000€ y 2 años de cárcel.

 

Elena Pérez